Entre los derechos con que cuentan las personas, por el hecho de serlo, están los derechos sexuales. Cualquier ser humano tienen reconocido el derecho a expresar, sin ningún tipo de discriminación, su propia sexualidad. Cuando hablamos de los derechos sexuales estamos hablado de la libre elección de su propia orientación sexual, sea ésta la que sea, a expresarla libremente y a que estos derechos sean protegidos. En realidad, los derechos humanos ya reconocen el derecho a la no discriminación por motivos de identidad sexual pero, en cualquier caso, en las declaraciones de la ONU sobre los derechos humanos, los derechos sexuales tienen un apartado dedicado en exclusiva a ellos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales protegen los derechos sexuales y el derecho a la sexualidad. En todos ejemplos de legislación internacional que citamos, la protección de los derechos sexuales se derivan de la legislación internacional sobre los derechos humanos. Lamentablemente, en una gran cantidad de lugares en el mundo, aún se obvian los Derechos Humanos y, entre ellos, de forma especialmente sangrante, los derechos sexuales.
Existe un documento, conocido como «Los principios de Yogyakarta» donde se recoge la aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. En el documento en cuestión se detallan una colección de principios legales que tienen como objetivo la aplicación de los Derechos Humanos en todo lo relacionado con la orientación sexual y la identidad de género. En el propio texto se delimitan los modelos básicos para que la ONU y los estados independientes caminen juntos para garantizar la protección de las personas pertenecientes al colectivo LGTB.
En el año 2006, fueron 54 los Estados de las Naciones Unidas que elevaron su denuncia ante las graves violaciones de los Derechos Humanos que se venían dando, de forma sistemática, en una gran cantidad de países, dirigidos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Como respuesta a esta denuncia, el 26 de marzo del año 2007 nació el mencionado documento «Los principios de Yogyakarta»